En un contexto de hiperconectividad creciente, la necesidad de formar ciudadanos capaces de habitar el entorno digital con responsabilidad dejó de ser un debate teórico para convertirse en una urgencia concreta. En este escenario, comienza a consolidarse una demanda sostenida por parte de las familias: la necesidad de establecer límites frente al uso intensivo -y muchas veces irrestricto- de pantallas por parte de niños, niñas y adolescentes.
Según un estudio realizado en la provincia de Buenos Aires en marzo de 2026 sobre una muestra de 900 casos por la consultora Conciencia Digital (CD), existe un amplio consenso social en torno a la regulación del uso de tecnología en niñas, niñas y adolescentes. Más del 88% de los encuestados manifiesta estar de acuerdo con la prohibición del uso de celulares en escuelas primarias, mientras que el apoyo se mantiene mayoritario -aunque con menor intensidad- en el nivel secundario, con cifras cercanas al 82%. En términos agregados, el dato es contundente: casi 9 de cada 10 personas consideran necesario establecer límites en el acceso a dispositivos dentro del ámbito educativo.
También resulta significativo el dato vinculado al uso de redes sociales: aproximadamente un 73,5% de los consultados está de acuerdo con restringir su acceso a menores de 16 años. Este indicador evidencia una preocupación social cada vez más extendida respecto de los efectos del consumo digital temprano sin supervisión, que incluye la exposición a contenidos inapropiados, el ciberacoso, la ludopatía digital, la sobreexposición y la pérdida de privacidad.
En este marco, la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires avanzó recientemente en la aprobación de una normativa que regula el uso de teléfonos celulares en el ámbito escolar. La medida establece restricciones más estrictas en el nivel primario y promueve criterios de uso pedagógico en secundaria, con el objetivo de reducir distracciones en el aula, mejorar la capacidad de concentración y recuperar condiciones más favorables para el aprendizaje. Lejos de tratarse de una iniciativa aislada, esta regulación se inscribe en una tendencia global que busca reordenar la relación entre educación y tecnología, atendiendo tanto a sus beneficios como a sus externalidades negativas.
Los datos también reflejan diferencias según género y región, aunque con una constante transversal: el alto nivel de acuerdo en la necesidad de intervención. Tanto en el amba como en el interior de la provincia de buenos aires, el respaldo a estas medidas se mantiene elevado, lo que indica que la preocupación por el uso de pantallas en niñas, niños y adolescentes trasciende variables geográficas y responde a una percepción social consolidada.
Este escenario refleja un cambio de paradigma. Durante años, la incorporación de tecnología fue asociada casi exclusivamente al progreso. Hoy comienza a consolidarse una mirada más sofisticada, que reconoce tanto sus potencialidades como sus riesgos. La discusión ya no se limita al acceso -prácticamente universal-, sino que se centra en las condiciones de uso y en sus impactos sobre el desarrollo cognitivo, emocional y social de las nuevas generaciones.
En síntesis, las pantallas forman parte estructural de la vida contemporánea y su presencia seguirá en expansión. El desafío no radica en restringirlas de manera absoluta, sino en comprenderlas y gestionarlas con criterios claros. El fuerte consenso social que reflejan los datos marca un punto de inflexión: avanzar hacia una relación más equilibrada con la tecnología. En ese proceso, desarrollar una conciencia colectiva sobre el uso de pantallas -sus tiempos, sus contenidos y sus efectos- resulta indispensable para acompañar la evolución tecnológica sin comprometer el bienestar, la calidad educativa ni los vínculos sociales.
